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La situación carcelaria en Venezuela enfrenta uno de los momentos más
críticos de su historia: motines, riñas y torturas son parte del contexto que
diariamente denuncian los familiares de los reclusos en los medios de
comunicación. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos señala que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante
los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.

Pero los hechos que describimos a continuación denotan un irrespeto total de
este derecho por parte de las instituciones del régimen y una absoluta indiferencia
ante una situación de violencia desbordada:
Domingo 12 de junio: Al menos 22 reclusos muertos y otros 14 heridos fue
el saldo del enfrentamiento y posterior motín registrado desde la tarde y hasta
entrada la noche de este domingo en el Internado Judicial “El Rodeo I” del
estado Miranda.

· Martes 14 de junio: Tres reclusos murieron y otros dos resultaron heridos en
una nueva riña colectiva en la Cárcel Nacional de Maracaibo en Sabaneta. El
motín se inició en el área de máxima del penal al enfrentarse a chuzazos unos
quince presos cuando un grupo trató de linchar al jefe de la sección máxima,
Carlos Polanco.

· Viernes 15 de junio: Efectivos de la Guardia Nacional ingresaron al penal Rodeo 1 y 2 con el propósito de tomar el control de las operaciones, actuación que produjo un aumento en la cifras de víctimas fatales. Versiones de familiares indican que 17 reclusos podrían haber muerto y de acuerdo a la información oficial, 2 oficiales de la Guardia Nacional fallecieron.


Es decir que en menos de una semana, más de 30 reclusos han fallecido
ante la mirada indolente del régimen. Cuyos funcionarios ofrecen declaraciones
insensibles días después de los sucesos. Como única medida se ofrece la creación de
un Ministerio para la Atención Penitenciara, como si el problema de las cárceles pudiera
resolverse con un aumento de la burocracia, y procedió a enviar a los privados de libertad de El Rodeo a otros centros de reclusión, sin tomar en consideración el hacinamiento ya existente en el sistema carcelario venezolano. Los familiares de los reclusos sufren la carencia de información oficial sobre sus familiares y reciben la más cruda represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, en medio de la desesperación y el dolor.

La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones
informó hace unas semanas que en el primer trimestre del año 124 personas
murieron en las prisiones venezolanas, un 22 por ciento más que las 102 del
mismo periodo del año pasado. Este jueves, la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” por la muerte
violenta de 19 internos en Internado Judicial El Rodeo. En el comunicado
también urge al Estado Venezolano a “adoptar medidas concretas a fin de
proteger la vida e integridad física de las personas privadas de libertad”.

Un Mundo Sin Mordaza hace un llamado a todas las organizaciones con las
que compartimos la fiel defensa de los Derechos Humanos a estar alertas
ante esta emergencia y a exigir con firmeza al régimen el respeto de los derechos
fundamentales y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes que amparan a todos los
ciudadanos.

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